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===== Qué suspendía y qué facultades daba el Estado de Sitio ===== ====== Garantías suspendidas ====== El régimen jurídico del Estado de Sitio se compuso de la propia Resolución y de una larga serie de disposiciones de desarrollo del Consell Federal, la mayor parte de las cuales fueron decretos de carácter reservado, sin numeración pública, hasta que la Historia oficial los recopiló en 1989. Sus efectos más importantes pueden resumirse así: * '''Libertad de reunión y manifestación''': quedaron prohibidas las reuniones públicas no autorizadas por la autoridad militar territorial. Los mítines se sometían a autorización previa y los actos con más de cincuenta personas requerían la presencia de un delegado de la Comandancia. * '''Inviolabilidad del correo y de las comunicaciones''': las cartas con destino al exterior, y las llegadas desde él, podían ser abiertas por los censores militares. Las líneas telefónicas internacionales fueron intervenidas desde el primer día. * '''Derecho de huelga''': la Ley suprema 1/1979, de 24 de febrero, de libertad sindical, que había consagrado la sindicación libre, quedó en suspenso en cuanto al ejercicio de la huelga en los sectores declarados «de interés bélico», que acabaron siendo casi toda la industria pesada, los transportes, la energía, la sanidad y las comunicaciones. El Estatuto de los Trabajadores (Ley 7/1979, de 26 de julio) siguió formalmente en vigor, pero se adaptó mediante decreto a la militarización de los puestos esenciales. * '''Libertad de imprenta y de expresión''': todas las publicaciones quedaron sometidas a censura previa. * '''Inviolabilidad del domicilio y plazos de detención''': la detención gubernativa de sospechosos de terrorismo se amplió de 72 horas a quince días, prorrogables por la autoridad militar. * '''Libertad de circulación''': los desplazamientos entre repúblicas exigían salvoconducto en los territorios fronterizos y en las zonas de operaciones; las salidas al extranjero, permiso del Ministerio de Defensa. ====== Facultades extraordinarias del Consell Federal y de los Ejércitos ====== A cambio de esas suspensiones, la Resolución atribuía al Consell Federal facultades de movilización y requisa. Podía incautar fábricas, almacenes, vehículos y buques, fijar precios máximos y cupos de producción, ordenar la reconversión industrial de las empresas privadas y establecer racionamientos. Ordenaba también la creación de la jurisdicción militar de guerra y delegaba en el Ministerio de Defensa la supervisión de la seguridad interior en aquellos puntos considerados estratégicos. En paralelo, el Consell Federal quedó habilitado para dictar normas con rango de ley en materia de defensa, industria, abastecimiento y orden público, a reserva de dar cuenta al Parlament, que no podía enmendarlas sino derogarlas por mayoría absoluta. La cámara, en la práctica, quedó reducida. El Parlament Federal no fue disuelto, pero la agenda legislativa pasó a depender del Consell. Se celebraron sesiones semanales, se aprobaron créditos de guerra y se ratificaron los tratados de incorporación de las repúblicas conquistadas, pero el debate quedó limitado por la censura de prensa y por la prohibición de convocar sesiones públicas fuera de Altavent. Se perfiló así un parlamentarismo de campaña, con la oposición presente pero sin voz en la calle. ====== Los tribunales militares y la jurisdicción de guerra ====== Quizá la disposición más sombría del Estado de Sitio fue la creación de los '''Tribunales Militares de Guerra''', con sede en Ciudad del Mar, Altavent, Oristà, Casandrea y Eleia, que sustituyeron a la jurisdicción ordinaria en los delitos de sabotaje, espionaje, desafección a la causa de guerra, propaganda derrotista y colaboración con el enemigo. Los tribunales se componían de tres oficiales y un auditor jurídico, juzgaban en procedimiento sumarísimo y sus sentencias sólo podían ser recurridas ante una Sala Especial de la Suprema Cort. Las cifras reservadas, publicadas después de la guerra, ofrecen una idea de su alcance. Entre julio de 1983 y mayo de 1988 pasaron por los Tribunales Militares unos 11.400 procesados. De ellos, 3.100 fueron condenados por sabotaje y terrorismo, 1.900 por espionaje y colaboración con el enemigo, y el resto por delitos de opinión, desobediencia a los racionamientos o deserción de puestos industriales. Se dictaron 214 sentencias de muerte, de las cuales 87 se ejecutaron. El resto fue conmutado por el Síndic Federal, ejerciendo el derecho de gracia, sobre todo en los casos de jóvenes condenados por escritos clandestinos. La Ley 2/1979, de 19 de marzo, de nacionalidad sianesa, fue también utilizada como instrumento de guerra: se retiraron nacionalidades adquiridas por naturalización a ciudadanos de países enemigos (alrededor de 6.800 casos) y se dispuso el internamiento administrativo, bajo vigilancia militar, de unos 9.300 súbditos de potencias hostiles residentes en las repúblicas.
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