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==== La Radicalización: El Gobierno Justicialista (1939-1940) ==== ===== Las Elecciones de 1939 ===== Ante la parálisis, se convocaron nuevas elecciones en 1939. El electorado, polarizado y empobrecido, giró hacia soluciones más radicales. El '''Partido Justicialista''' ganó las elecciones con 38 escaños, desplazando a los Progresistas (32). El miedo al desorden también impulsó al '''Partido Nacionalista''', que subió a 25 escaños. ===== Candela Ferrer i Camps: La economía de guerra ===== Cuando Candela Ferrer i Camps asumió la presidencia en 1939, lo hizo con un programa que bautizó como “Economía de Resistencia Popular”, una política de emergencia diseñada para sostener a un Estado exhausto y a un ejército en retirada acelerada. Su llegada al poder no fue resultado de entusiasmo popular, sino del hartazgo generalizado tras el fracaso del Gobierno Progresista anterior. Las elecciones de 1939 habían castigado al centro y reforzado a las opciones extremas: los Justicialistas de Ferrer se convirtieron en la primera fuerza, pero heredaban un país que se deshacía entre sus dedos. La Presidenta formó un gobierno compacto pero ideológicamente homogéneo, compuesto casi íntegramente por figuras de la izquierda sindicalista. Al frente del recién fusionado Ministerio de Producción y Abastecimiento colocó a Ermengol Riera, economista autodidacta y agitador laboral conocido por sus discursos incendiarios en los puertos de Altavent. Para el Ministerio del Interior eligió a Basilio Orvany, un abogado de prestigio, férreo defensor de la disciplina cívica, cuyo papel sería contener disturbios, requisar bienes y aplicar de forma implacable los decretos económicos. La cartera de Infraestructuras recayó en Judit Maurel, ingeniera especialista en logística ferroviaria, cuya misión era reorganizar los convoyes, priorizar trenes militares y coordinar reparaciones tras los bombardeos. Finalmente, en Exteriores situó a Màrius Cerdanya, diplomático veterano y pesimista, que entendía mejor que nadie que Sia había perdido cualquier margen de maniobra en la arena internacional. La agenda legislativa del gobierno de Ferrer fue frenética durante los primeros cien días. La pieza central fue la Ley de Control Estratégico de la Producción, que permitía al Estado nacionalizar temporalmente sectores considerados vitales: combustibles, transportes, acererías y manufacturas militares. La oposición calificó el texto como “incipiente dictadura económica”, pero los Justicialistas lo defendieron como la única herramienta viable para evitar el colapso de las ciudades industrializadas. A esta ley la acompañó el Decreto de Racionamiento Obligatorio, que creó un sistema de cartillas para alimentos, carbón, ropa y medicamentos, administrado por la red de Comités de Abastecimiento Local. Sin embargo, el Estado carecía de la capacidad administrativa para sostener tal máquina burocrática: largas colas, duplicados fraudulentos, desaparición de sacos de harina y tragedias en barrios obreros se convirtieron en el pan de cada día. Junto a estas medidas, Ferrer impulsó la Ley de Impuesto de Guerra sobre Grandes Propiedades, un intento desesperado de obligar a la aristocracia y a los monopolios agrícolas a contribuir al esfuerzo bélico. La norma establecía tasas progresivas sobre tierras improductivas y sobre beneficios generados en sectores no afectados directamente por la guerra. Pero la oligarquía respondió con un sabotaje silencioso: cosechas ocultas, trasvases ilícitos a mercados clandestinos, declaraciones falsificadas. Los inspectores enviados por Interior apenas lograban recuperar una fracción de los recursos necesarios. El mercado negro floreció como nunca, alimentado por redes de transportistas, dueños de silo y especuladores que actuaban sin disimulo en los puertos y periferias urbanas. A nivel militar, la situación era aún más desesperada. En 1939, la Alianza Central se disolvió abruptamente, pero esa desaparición no trajo respiro alguno. Al contrario: Freiterra, liberada de compromisos externos, redirigió todo su potencial industrial hacia el frente sianés. Sus bombarderos iniciaron una campaña sistemática contra las ciudades del arco industrial: Casandrea, N’Gara, Thalasea, Nerimazeth y las manufacturas de Olimpia. La devastación fue inmediata. Los refugios antiaéreos, diseñados para resistir cargas limitadas, quedaron saturados. Maurel, desde Infraestructuras, coordinó la evacuación de miles de civiles hacia las zonas rurales de Jonia, pero la capacidad de transporte era insuficiente; muchos trenes fueron destruidos en mitad de su trayecto. En el frente terrestre, los acontecimientos adquirieron tintes trágicos. La Batalla de la Cuenca de Vendrell marcó el colapso del flanco oriental: la 7ª División, compuesta en gran parte por movilizados recientes sin entrenamiento adecuado, se deshizo ante un ataque combinado de artillería y tanques freiterranos. Pocos días después, en la Línea de Casandrea, la retirada se convirtió en fuga: las posiciones defensivas no habían sido modernizadas desde tiempos de Guillem III y las trincheras, mal mantenidas, se vinieron abajo bajo el fuego enemigo. Los informes militares enviados al gobierno —que Orvany intentó censurar sin éxito— hablaban de “descomposición táctica irreversible”. Mientras el frente ardía, la retaguardia se fragmentaba. En Oristà y l’Arneta, sectores regionalistas aprovecharon la debilidad del Estado central para reclamar competencias fiscales y organizativas, transformando de facto sus consejos locales en núcleos de autogobierno. Ferrer respondió con la Ley de Coordinación Territorial de Emergencia, que en teoría subordinaba toda administración regional al Ministerio del Interior. Pero el texto, aprobado en el Parlamento entre gritos y golpes en los escaños, nunca se aplicó eficazmente: ni había tropas para imponerlo ni redes administrativas intactas para ejecutarlo. En las fábricas, el clima era de guerra civil económica. Riera, desde Producción, ordenó la militarización de los talleres de munición y la incorporación obligatoria de mano de obra femenina y juvenil, lo que generó tensiones con sindicatos que habían apoyado al gobierno en un primer momento pero que rechazaban la subordinación absoluta al mando militar. Hubo protestas en los astilleros de Altavent, disturbios en la factoría metalúrgica de Caldeira y huelga intermitente en las minas de carbón de Jonia, cuya producción era indispensable para cualquier pretensión de sostener una industria bélica. En este contexto caótico, Exteriores apenas tenía margen. Cerdanya intentó sin éxito establecer una vía de negociación con Lastán, esperando que el país actuara como mediador con Freiterra. Pero Lastán, temeroso de ser arrastrado a un segundo conflicto, se limitó a emitir declaraciones ambiguas, mientras su propia diplomacia advertía que Sia era ya una entidad en estado “precolapsado”. El gobierno de Ferrer, en definitiva, no cayó por una sola crisis, sino por la combinación simultánea de todas. La inflación superó el 70 %, el abastecimiento urbano se volvió insostenible, la autoridad del Estado se fracturó territorialmente, el ejército perdió la cohesión y la población civil vivía bajo un régimen continuo de bombardeos. En noviembre de 1940, tras varias sesiones parlamentarias marcadas por insultos, desmayos y la presencia cada vez más visible de escoltas armados, Ferrer presentó su renuncia, consciente de que ya no gobernaba un país, sino los escombros de un régimen.
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